Palomares Tomaselli

Derecho de petición no es idóneo para cualquier procedimiento que ya esté reglado

JUAN ISIDRO PALOMARES

Juan Isidro

Derecho Procesal | Miscelanea

Resumen

El derecho de petición no puede emplearse para instar un procedimiento reglado que tiene su propio cauce y menos cuando este ha sido desestimado.

¿Puede utilizarse el derecho de petición para reabrir un procedimiento ya intentado por otras vías?

La STS 382/2026, de 25 de marzo, responde con claridad: La Sala Tercera establece que el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución no puede emplearse cuando el ordenamiento ya prevé un procedimiento administrativo específico para obtener lo que se solicita.

El contexto: la salida de Garzón de la carrera judicial

Baltasar Garzón fue condenado en 2012 por delito de prevaricación, con una pena de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, lo que supuso su expulsión definitiva de la carrera judicial mediante acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de febrero de ese mismo año.

Años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2021) consideró que la condena vulneraba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instando al Estado español a proporcionar una reparación efectiva.

Sobre esa base, en 2025 Garzón activó varias vías:

  • Solicitud de revisión de oficio de los acuerdos del CGPJ (inadmitida).
  • Recurso de alzada frente a dicha inadmisión.
  • Y posteriormente, una nueva solicitud basada en el derecho de petición para que el CGPJ iniciara esa revisión por iniciativa propia.

La cuestión jurídica: ¿puede el derecho de petición sustituir un procedimiento administrativo?

El Tribunal Supremo responde de forma tajante:

El derecho de petición tiene carácter subsidiario y no puede utilizarse para canalizar pretensiones que ya disponen de un procedimiento administrativo específico.

En otras palabras:

  • No es una vía alternativa.
  • No es un recurso encubierto.
  • No permite reabrir lo ya intentado por otros cauces.

La sentencia insiste en que el derecho de petición sirve para dirigirse a los poderes públicos con sugerencias o quejas, pero no para ejercer pretensiones jurídicas que el ordenamiento ya regula.

Una doctrina con alcance general

Más allá del caso concreto, la sentencia fija una regla clave para el Derecho Administrativo:

👉 Cuando existe un procedimiento específico, no cabe acudir al derecho de petición para obtener el mismo resultado.

Este criterio tiene implicaciones prácticas relevantes en ámbitos como:

  • revisión de oficio,
  • función pública,
  • responsabilidad patrimonial,
  • y cualquier actuación administrativa con cauce tasado.

El verdadero problema: la firmeza de la sentencia penal

La clave de fondo no está solo en la vía utilizada, sino en el obstáculo principal:

➡️ la existencia de una sentencia penal firme.

Los acuerdos del CGPJ de 2012 no son autónomos, sino actos de ejecución de esa condena.
Por tanto:

  • mientras la sentencia penal siga vigente,
  • la reconstrucción plena de la situación anterior es jurídicamente inviable por vías indirectas.

¿Puede Garzón volver a la carrera judicial?

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, las opciones son muy limitadas:

  • La vía del derecho de petición queda cerrada por esta sentencia.
  • La revisión de oficio ya ha sido intentada sin éxito.
  • La rehabilitación estatutaria es compleja al tratarse de pérdida definitiva del cargo.
  • Y cualquier solución efectiva exigiría actuar sobre la base penal de la condena, lo que supone un escenario extraordinario.

A ello se añade un factor práctico: la edad del propio Garzón, que sitúa cualquier eventual retorno en un horizonte temporal muy reducido.

Conclusión

La STS 382/2026 no resuelve definitivamente el debate de fondo sobre el caso Garzón, pero sí fija un límite claro:

el derecho de petición no es una segunda oportunidad procesal.

Cuando el ordenamiento establece un camino, ese es el camino.

Y tratar de rodearlo, en Derecho público, suele conducir exactamente al resultado que aquí vemos: la desestimación.

En Palomares Tomaselli abogados , podemos ayudarte si quieres pedir algo que no sea ilegal o contra el orden público y que no tenga un cauce reglado. Cualquier petición graciable debe ser encauzada por esta vía del derecho de petición. Si quieres puedes escuchar este Podcast.

JUAN ISIDRO PALOMARES

Juan Isidro

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